ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO

La Asignación Universal por Hijo, Decreto 1602/09, fue sin duda un decisión satisfactoria del Poder Ejecutivo pero llevó a la injusticia de dejar a los alumnos de las Escuelas de Gestión Privada fuera del beneficio. Si bien en el cuerpo del Decreto habla de escuelas públicas no se tuvo en cuenta a las Escuelas Públicas de Gestión Privada. Esta cuestión originó voces que dieron lugar al reclamo. AIEPBA envió sendas notas a Presidencia, Secretaría Legal y Tecnica y Anses con el reclamo que las reproducimos para conocimiento del público en nuestro blog.

"Buenos Aires, 26 de abril de 2010.


Excma. Sra. Presidenta
de la Nación Argentina
Dra. Cristina Fernández de Kirchner
S / D





De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. en mi carácter de Presidenta de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (A.I.E.P.B.A), la cual agrupa a más de cuatrocientos establecimientos de Educación Pública de Gestión Privada.

El motivo de la presente es transmitir la preocupación generada en el sector por el decreto 1602/09 y demás normas reglamentarias, que dieron origen a la Asignación Universal a la Protección Social.

Desde el momento de la concepción de dicha asignación, el colectivo de nuestra Asociación ha apoyado y aplaudido la valiente medida que fuera instrumentada mediante el mencionado decreto. Máxime, cuando esta decisión de mejorar la calidad de vida de millones de niños y adolescentes de la República Argentina se encuentra supeditada a cargas concretas, cuales son la de vacunación y la concurrencia a un establecimiento educativos; reforzándose así, la supervisión del Estado Argentino, a través de sus órganos especializados, de la situación sanitaria poblacional y la calidad de la educación impartida.

No obstante que el andamiaje legal mencionado indica que los niños mayores de cinco años, objeto de la asignación, deben concurrir a establecimientos educativos públicos, hemos notado con suma angustia que a medida que se progresaba en la aplicación del beneficio, nuestros colegios no eran tomados en cuenta a los fines de la aplicación del decreto, aunque consideramos que esos establecimientos se hallan enmarcados convenientemente en las leyes 26.206 (Nacional de Educación) y 13.688 (de la Provincia de Buenos Aires) como integrantes del Sistema Público de Educación que abarca dos gestiones la estatal y la privada.

La angustia es también compartida por los padres y sus niños, que en muchos casos se ven en la disyuntiva de elegir entre mitigar una situación económica difícil, mediante la asignación, o bien arrancar a sus hijos de las escuelas públicas de gestión privada donde, a lo largo del tiempo, generaron vínculos humanos, para ser matriculados en otra institución que quizás no se ajuste enteramente a las expectativas y deseos familiares.

Sostenemos que nuestros alumnos tienen derecho a conservar sus vínculos así como sus familias tienen derecho de elegir el colegio que mejor representa su identidad y aspiraciones. A la vez, también abogamos por nuestro ya largamente reconocido estatus de “establecimientos incorporados o autorizados con reconocimiento oficial”, lo cual conlleva una serie de obligaciones legales, cuyo cumplimiento se encuentra garantizado por la debida supervisión del Estado quien realiza su aporte económico para el sostenimiento de nuestras escuelas que garantizan el art. 14 de la Constitución Nacional en donde se explicita el derecho de enseñar y aprender.

Si la organización y supervisión estatal garantizan la constitución de un único sistema educativo público, no hay razón legítima por la cual se pueda discriminar las escuelas de gestión privada de las de gestión estatal.
Si la asignación pretende ser universal y no retributiva, ya que hace a los derechos humanos mismos de nuestros niños… ¿Por qué razón el Estado obliga como contrapartida indirecta que las familias cambien de colegio a sus niños? ¿O bien que vayan a tal o cual institución? ¿O bien que gasten la asignación de tal o cual manera? ¿Solamente porque el sistema está pensado para sectores de menores ingreso? El mensaje a nuestras familias debe ser claro en el sentido de que tienen derechos humanos inalienables, en virtud de los cuales son merecedoras de asistencia estatal sin que nadie les diga qué deben hacer con la misma. Si ellas apuestan a la educación…enhorabuena.

La única razón que se ha podido escuchar en apoyo de la discriminación entre gestión privada y estatal ha sido que el Estado no puede asistir dos veces a los mismos niños, una mediante un aporte a la institución educativa y otro por vía de la Asignación Universal por Hijo. No obstante ello, cabe aclarar que los aportes estatales que reciben algunos colegios de gestión privada, tienen como origen la obligación de la equiparación de los sueldos docentes, y los aportes se otorgan a las entidades propietarias y no a los niños. Es necesario también diferenciar la significación de ese aporte muy diferente a la génesis de lo que es una asignación y/ o un subsidio. Mientras, la Asignación Universal por Hijo tiene como beneficiario a los menores. Así, no es correcto que en estos casos habría una doble asistencia, ya que se trata de dos aspectos distintos, y dos receptores diferentes.
Por todo lo expuesto, solicito a la Sra. Presidenta que arbitre los medios necesarios a fin de que nuestras instituciones educativas públicas de gestión privada, sean consideradas a los fines del otorgamiento de la Asignación Universal por Hijo a las familias que concurren a nuestros establecimientos.
En tanto se trata de instituciones públicas, esto sería posible por vía reglamentaria, como aclaratoria por parte del órgano de aplicación.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.



c.c. Secretaría Legal y Técnica
At. Don Carlos Zanini
c.c. ANSES"

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